House Proposal Weakens Violence Against Women Act
Julia is a 30-year-old married mother of six who sought the counseling services of Mujeres Latinas en Accion after experiencing sexual assault. One night, two strangers broke into her home when she was alone and attacked her.
Like thousands of victims in the United States, Julia (not her real name) is an immigrant who experienced violence and sexual abuse. She made a police report and both men were arrested and charged for the crime.
But for Julia the story continued. As a result of the attack Julia became pregnant. In addition, a few months after she gave birth to twin girls in 2007, her husband was deported to Mexico leaving her alone with six children.
Julia lived in fear and distrust. She could barely make ends meet. Mujeres Latinas en Accion connected her with a legal aid agency. As an immigrant woman who had experienced sexual assault, she qualified for a U-Visa. The visa currently protects immigrant victims of crime who assist law enforcement, providing an avenue to permanent legal status.
Julia obtained her U-Visa in 2011, was able to get a part-time job and follow a path to recovery. But the U-Visa protection could soon be undermined, leaving behind thousands of women who, like Julia, are victims of abuse. On May 16, the House of Representatives approved a diluted version of the Violence Against Women Act (VAWA).
Since its enactment in 1994, VAWA has been renewed twice with bipartisan support, but this year’s reauthorization has become a target during this election year.
According to the National Immigration Forum, the House’s legislation, H.R. 4970, removes existing protections for immigrant women who are victims of domestic violence, sexual assault or human trafficking. It also excludes protections for Native Americans and LBGT victims of domestic abuse.
This concerns many advocacy organizations that have been working with immigrant victims. According to Neusa Gaytan, program director at Mujeres Latinas en Accion, immigrant victims of domestic violence, assault or human trafficking are afraid of calling the police or calling for help out of fear of being deported.
“The fear of getting deported is very real, it’s a weapon an abuser uses to abuse and control,” said Gaytan.
According to Gaytan, in a domestic violence case many times the abuser (a U.S. citizen) does not want to complete a family petition with the U.S. Citizenship and Immigration Services for the victim.
She explained that under the current immigration system, women in this situation are able to undergo what is called self-petition. With the watered down legislation, however, confidentiality protections are weakened and allow abusers to participate in the adjudication process –in addition to taking away the path to legal permanent residency in exchange for a temporary visa.
The proposal, introduced by Rep. Sandy Adams, R-Florida, passed the House 222-205 with 216 Republicans and six Democrats voting in favor of the bill.
“The immigration debate reached a new low with House Republicans putting politics before the safety of abused or trafficked immigrant women and children,” said Ali Noorani, executive director of the National Immigration Forum in a statement released shortly after the vote.
According to the National Immigration Forum, the next step is for the passed House bill to be conferenced with the Senate bill.
On May 15, the White House issued a statement that reflected the administration’s opposition to this bill.
“The administration strongly opposes H.R. 4970, a bill that would undermine the core principles of the Violence Against Women Act. The Act transformed the nation’s response to violence against women and brought critically needed resources to states and local communities to address these crimes.”
The statement then concluded emphasizing that “if the president is presented with H.R. 4970, his senior advisors would recommend that he veto the bill.”
In the meantime, advocates like Gaytan continue the fight to reach out to victims of domestic abuse and human trafficking through media campaigns, story sharing and participating in local community events. The most important message for all the victims is to come forward and as Gaytan stated, “break the code of silence.”
*Jualia’s story was provided by Mujeres Latinas en Acción
Propuesta de la Camara Debilita Ley de Violencia Contra Mujeres
Julia es una mujer de 30 años, casada y madre de seis que buscó los servicios de consejería de Mujeres Latinas en Acción después de haber vivido una violación sexual. Una noche, dos desconocidos irrumpieron en su casa cuando estaba sola y la atacaron.
Como miles de víctimas en los Estados Unidos, Julia, (no es su verdadero nombre) es una inmigrante que pasó por la violencia y el abuso sexual. Ella hizo un reporte policiaco y ambos hombres fueron arrestados y recibieron cargos por el delito.
Pero para Julia la historia siguió. Como resultado del ataque Julia resultó embarazada. Además, a los pocos meses de haber dado a luz a gemelas en el 2007, su esposo fue deportado a México dejándola sola con sus seis hijos.
Julia vivía con temor y desconfianza. Apenas podía subsistir. Mujeres Latinas en Acción la puso en contacto con una agencia de asistencia legal. Como mujer inmigrante que vivió un asalto sexual, ella calificó para una Visa-U. La visa actualmente protege a las víctimas de crímenes que asisten a las autoridades, proporcionándoles una vía hacia un estatus legal permanente.
Julia obtuvo su Visa-U en el 2011, luego pudo conseguir un empleo de medio tiempo y seguir un camino hacia la recuperación.
Pero la protección de la Visa-U pronto podría verse afectada, dejando atrás a miles de mujeres quienes como Julia, son víctimas del abuso. El 16 de mayo, la Cámara de Representantes aprobó una versión diluida de la Ley en Contra del Abuso de las Mujeres (VAWA).
Desde su promulgación en 1994, la ley VAWA ha sido renovada dos veces con el apoyo bipartidario, pero la reautorización de este año se ha convertido en un blanco durante este año electoral.
Según el Foro Nacional de Inmigración, la legislación de la Cámara, H.R. 4970, retira las existentes provisiones para las mujeres inmigrantes que son víctimas de la violencia doméstica, abuso sexual o tráfico humano. También excluye protecciones para las víctimas americanas nativas y LBGT de abuso doméstico.
Esto le concierne a muchas organizaciones de defensa que han estado trabajando con víctimas inmigrantes.
Según Neusa Gaytán, directora de programas en Mujeres Latinas en Acción, las víctimas inmigrantes de la violencia doméstica, asalto o tráfico humano tienen miedo de llamar a la policía o pedir ayuda por el temor de ser deportadas.
“El miedo [a] la deportación es muy real, es un arma que usa el abusador para abusar y controlar a la víctima en los casos de violencia doméstica”, dijo Gaytán.
Según Gaytán, en un caso de violencia doméstica muchas veces el abusador (un ciudadano Americano) no quiere completar la solicitud de petición familiar con el servicio de inmigración para la víctima.
Ella luego explicó que bajo el actual sistema de inmigración, las mujeres en esa situación pueden someterse a lo que se le llama auto-petición. Con la legislación hundida, sin embargo, las protecciones de confidencialidad se debilitan permitiendo a los abusadores participar en el proceso de adjudicación—además de quitarles el camino hacia una residencia legal permanente a cambio de una visa temporal.
La propuesta, introducida por la Rep. Sandy Adams, R-Florida, pasó en la Cámara por 222-205 con 216 Republicanos y seis Demócratas votando a favor de la propuesta.
“El debate de inmigración alcanzó su punto más bajo con los Republicanos de la Cámara que pusieron la política por delante antes que la seguridad de las mujeres y niños inmigrantes abusados o que son víctimas de la trata”, dijo Ali Noorani, director del Foro Nacional de Inmigración en un comunicado dado a conocer al poco tiempo de la votación.
Según el Foro Nacional de Inmigración, el siguiente paso es que la aprobada propuesta de la Cámara sea conferenciada con la propuesta del Senado.
El 15 de mayo pasado, la Casa Blanca dio a conocer un comunicado que reflejaba la oposición de la administración a esta propuesta.
“La administración fuertemente se opone a la H.R. 4970, una propuesta que socavaría los principios fundamentales de la Ley de Violencia Contra las Mujeres. La ley transformó la respuesta del país a la violencia en contra de las mujeres y trajo los tan necesitados recursos a los estados y comunidades locales para abordar estos crímenes”.
Los estadistas luego concluyeron enfatizando que “si al presidente se le presentara la propuesta H.R. 4970, sus asesores recomendarían que la vetara.”
Mientras tanto, defensores como Gaytán continúan la lucha para llegar a las víctimas de abuso doméstico y de tráfico humano a través de campañas con los medios, compartiendo historias y participando en eventos comunitarios locales. El mensaje más importante para todas las víctimas es que hablen y como Gaytán declaró “rompan el código del silencio”.
*La historia de Julia fue compartida por Mujeres Latinas en Acción








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